El gobernador Alberto Weretilneck anunció este martes 3 de noviembre la firma de un decreto que establece límites a los descuentos aplicados sobre los salarios de los empleados públicos de Río Negro por préstamos y otras obligaciones financieras.

La decisión llega en un contexto de fuerte endeudamiento de los trabajadores estatales. Según datos del Ministerio de Hacienda presentados ante la Legislatura provincial durante 2025, casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo registraban descuentos a favor de 14 entidades autorizadas. La cifra representa aproximadamente un tercio del personal de ese poder del Estado.

Hasta ahora, la ausencia de un límite efectivo permitía que las cuotas de préstamos y otros compromisos financieros absorbieran una parte considerable de los haberes. En algunas situaciones, los descuentos llegaban a dejar a los trabajadores sin dinero disponible al momento de cobrar.

Cómo funcionarán los nuevos límites

La aplicación del decreto será progresiva. Durante lo que resta de 2026 continuará el sistema vigente y, a partir de enero de 2027, comenzarán a reducirse los porcentajes máximos de descuento.

En enero, las retenciones podrán alcanzar hasta el 50% del salario; y, según informa el comunicado oficial, desde marzo quedará establecido un máximo del 33% del haber neto para las obligaciones financieras comprendidas en la medida.

La disposición alcanza a los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo provincial, independientemente de su régimen laboral.

Los aportes jubilatorios, las contribuciones a obras sociales, las cuotas sindicales, los seguros y las retenciones judiciales quedan fuera del nuevo límite y continuarán sujetos a sus propias regulaciones.

Un problema que llegó a la Justicia

La discusión sobre los descuentos salariales no comenzó con este decreto.

En 2018, el Gobierno provincial había establecido un límite del 50% mediante el Decreto 1485. Sin embargo, su aplicación fue suspendida en 2020 por el Decreto 1186, debido a dificultades vinculadas con la información necesaria para administrar las liquidaciones salariales.

Desde entonces, distintos trabajadores acudieron a la Justicia para reclamar por retenciones que comprometían sus ingresos.

En uno de esos casos, la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca ordenó limitar al 33% los descuentos sobre el salario de una empleada pública. El tribunal consideró necesario proteger el carácter alimentario de la remuneración y garantizar ingresos para su subsistencia.

El antecedente refleja una problemática que excede las decisiones individuales de endeudamiento: durante años, el sistema permitió acumular obligaciones financieras sin un límite general efectivo sobre los descuentos.

Qué pasará con las deudas

Uno de los aspectos centrales de la medida será la renegociación de los compromisos existentes.

El Gobierno anunció que buscará acuerdos con bancos, financieras, mutuales y otras entidades que operan mediante códigos de descuento para facilitar la refinanciación de los préstamos. También anticipó que pretende establecer límites a las tasas de interés de futuros créditos.

Sin embargo, reducir el porcentaje que se descuenta automáticamente del salario no implica cancelar ni disminuir las deudas contraídas.

La implementación del nuevo sistema deberá resolver cómo se reorganizarán los pagos cuando las cuotas comprometidas superen los límites establecidos y qué condiciones tendrán las refinanciaciones.

También queda por conocer cómo se evitará que una extensión de los plazos de pago termine incrementando el costo total de los créditos.

Más controles sobre los préstamos

El Ejecutivo provincial anticipó, además, la implementación de un nuevo sistema de autorización para las operaciones crediticias que se cobran mediante descuentos salariales.

El objetivo será verificar previamente los compromisos financieros de cada trabajador y evitar la acumulación de obligaciones que superen su capacidad de pago.

La medida contempla también programas de educación financiera y un servicio gratuito de asesoramiento para empleados públicos que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

El decreto representa un cambio en la regulación de los descuentos salariales. Sin embargo, su impacto dependerá tanto del cumplimiento de los nuevos límites como de las condiciones que se acuerden con las entidades acreedoras.

Para miles de trabajadores estatales, la cuestión no será solamente cuánto podrán descontarles del sueldo, sino cuánto dinero tendrán efectivamente disponible para afrontar sus gastos cotidianos y cuánto les terminará costando saldar sus deudas.