La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada del viernes 30 de octubre, con 42 votos a favor y 21 en contra y pasó a la Cámara de Diputados.

La iniciativa incorpora cambios en las internaciones involuntarias, el abordaje de las adicciones, la atención de niños y adolescentes y los mecanismos de control judicial. También mantiene la prohibición de crear nuevos neuropsiquiátricos monovalentes, conocidos como manicomios.

Pero el debate reúne distintas posiciones sobre cómo mejorar la atención y proteger los derechos de las personas. También abre interrogantes sobre su implementación: ¿con qué profesionales y dispositivos contará cada jurisdicción?, ¿cómo se financiarán las prestaciones?, ¿qué acompañamiento habrá después de una internación?

Qué cambiaría en las internaciones

Uno de los puntos centrales es el criterio para internar a una persona sin su consentimiento. La ley vigente contempla esa posibilidad como un recurso terapéutico excepcional, cuando no son posibles los abordajes ambulatorios y exista un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. Es decir, las internaciones involuntarias ya están permitidas, bajo requisitos y controles específicos.

La reforma propone reemplazar ese criterio por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Sus impulsores sostienen que permitiría actuar antes de que una situación se agrave.

Sin embargo, quienes cuestionan el cambio advierten que el nuevo criterio podría dar lugar a distintas interpretaciones sobre cuándo corresponde internar a una persona sin su consentimiento. Por eso, reclaman condiciones claras y controles que eviten internaciones injustificadas.

En este sentido, la directora del Observatorio en Salud Mental de la Universidad Nacional de Quilmes, Victoria Vidal, advirtió que la nueva formulación «amplía el margen interpretación que un médico pueda tener para llegar a una internación involuntaria. Esto posibilita que se restrinja la libertad de una persona“.

En dialogo con la Agencia de Noticias Científicas, la empecialista señaló que: “Hay que establecer criterios que impidan que el susto ante la situación, los diagnósticos errados o las predicciones profesionales se conviertan en un fundamento suficiente para la internación”.

El papel de médicos y psicólogos

La normativa vigente exige que las internaciones cuenten con la firma de al menos dos profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra. El texto aprobado por el Senado contempla la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un psicólogo. También prevé teleconsultas en lugares donde escasean especialistas.

La disponibilidad de profesionales es uno de los puntos señalados por los especialistas consultados por la UNQ.

Sergio Remesar, director del Programa Institucional de Accesibilidad y Salud Mental, sostuvo que la escasez de psiquiatras se agrava en ciudades alejadas de las capitales y cuestionó las condiciones en las que podría realizarse una evaluación de urgencia a distancia.

La incorporación de la ludopatía

Otro cambio es la inclusión de la ludopatía dentro del abordaje de las adicciones. La ley de 2010 ya establece que las adicciones forman parte de las políticas de salud mental y menciona específicamente el uso problemático de drogas legales e ilegales. El proyecto amplía esa formulación para contemplar también el juego problemático.

¿Cómo se traducirá esa incorporación en prevención y atención? ¿Qué servicios recibirán las consultas y qué formación tendrán los equipos? Esas preguntas forman parte de las condiciones de implementación que tienen que acompañar el cambio normativo.

La atención después del alta

La iniciativa contempla planes de egreso con objetivos y seguimiento, atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia y hospitales de día. También prevé atención diferenciada para niños y adolescentes y apoyos estatales cuando no haya familiares que puedan asumir el acompañamiento.

Varios de esos dispositivos ya aparecen en la legislación vigente, que promueve servicios comunitarios y alternativas a la internación.

La discusión también pasa por saber si esos servicios están disponibles para quienes los necesitan: ¿qué cobertura tendrán?, ¿cómo se organizarán las derivaciones y la continuidad de los tratamientos?

Qué muestran los datos presupuestarios

El artículo 32 de la Ley 26.657 estableció que el Poder Ejecutivo debía incrementar progresivamente las partidas de salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10 % del presupuesto total de salud, en un plazo máximo de tres años desde su sanción. También dispuso promover que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adoptaran ese criterio.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calculó que, en el proyecto de Presupuesto 2026, la inversión prevista para salud mental representaba el 1,42% del presupuesto de la función salud.

En el mismo análisis, advirtió que la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” tenía proyectados unos 48 millones de pesos: una reducción del 91,6% respecto de los recursos vigentes en 2025. Según la organización, esa partida financia capacitación, intervenciones comunitarias y fortalecimiento de dispositivos para acompañar las altas de internación.

Los porcentajes corresponden al proyecto presupuestario analizado por ACIJ y no describen la ejecución final de 2026.

Las advertencias desde las provincias

Un relevamiento coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, difundido en septiembre por el Ministerio de Salud bonaerense, reunió información de autoridades de salud mental de 14 jurisdicciones. Registró un aumento del 23% en las consultas ambulatorias durante el último año y del 42% en las internaciones entre 2023 y 2026.

Aunque 13 de las 14 jurisdicciones informaron ampliaciones de camas y redes comunitarias, las autoridades describieron capacidades sobreexigidas y dificultades para completar equipos. Entre las prioridades señalaron mayor inversión, acceso a medicamentos y coordinación entre Nación, provincias y municipios. Los resultados corresponden a las jurisdicciones relevadas.

El tratamiento en Diputados continuará la discusión sobre los alcances de la reforma. Junto con los criterios de intervención y las garantías para los pacientes, permanece una pregunta sobre su aplicación: ¿qué recursos acompañarán las prestaciones previstas y cómo se garantizará su acceso en cada territorio?