Durante medio siglo, la familia de María Luisa «Mara» Salto Segovia sostuvo una búsqueda atravesada por la incertidumbre. La joven de Cipolletti tenía apenas 20 años cuando fue secuestrada en Córdoba, en julio de 1976. Cincuenta años después, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió identificar parte de sus restos en las inmediaciones del excentro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.

La confirmación abrió una nueva etapa para sus familiares, que durante décadas reclamaron conocer qué había ocurrido con ella.

«Se vino abajo con una realidad que no tiene vuelta», expresó su hermana María Emilia «Beba» Salto al referirse al impacto de la identificación, en declaraciones difundidas por LM Cipolletti.

Beba, sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo en juicios por delitos de lesa humanidad, también relató cómo la familia se prepara para viajar a Córdoba.

«Vamos a ir a Córdoba a escuchar, a abrazar, a llorar, a lo que sea, pero vamos a estar juntos», manifestó.

La búsqueda de justicia continúa

La identificación de Mara se produjo en el marco de la causa judicial «Enterramientos Clandestinos», que investiga la existencia de fosas y el ocultamiento de los cuerpos de personas asesinadas durante el terrorismo de Estado.

Los trabajos se desarrollan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de un predio militar cercano a La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura.

La abogada querellante y copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba, Mabel Sessa, se refirió públicamente a la importancia de los avances de la investigación y a las dificultades que implica reconstruir el destino de las víctimas después de tantas décadas.

La recuperación e identificación de los restos no solo permite ofrecer respuestas a las familias, sino también aportar nuevas pruebas sobre el funcionamiento del aparato represivo y los mecanismos utilizados para ocultar los crímenes. Cada hallazgo contribuye a reconstruir historias que el terrorismo de Estado intentó borrar y abre nuevas posibilidades para el esclarecimiento judicial.

Este proceso que inició en 1998, continúa con tareas de recuperación, análisis e identificación de restos humanos.

El acompañamiento de la comunidad universitaria

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) también expresó su solidaridad con la familia Salto, especialmente con María Isabel «Mariela» Salto, hermana de Mara y docente de esa institución.

A través de un comunicado, el sindicato destacó la persistencia de los familiares, el trabajo de los organismos de derechos humanos y el aporte científico del EAAF.

«El terrorismo de Estado intentó borrar su nombre en los rincones oscuros de La Perla, pero la persistencia de su familia y el compromiso colectivo demostraron que la memoria y la lucha por la verdad y la justicia son inquebrantables», expresó la organización.

El pronunciamiento también reafirmó el compromiso de la comunidad universitaria con la memoria histórica y la continuidad de las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura.

Una historia que sigue escribiéndose

Mara Salto estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada por fuerzas represivas y permaneció cautiva en La Perla, según los testimonios incorporados a las investigaciones judiciales.

Durante décadas, su nombre integró el memorial de Cipolletti que recuerda a las personas detenidas-desaparecidas vinculadas con la ciudad.

La identificación de sus restos permitió conocer una parte fundamental de su destino, aunque todavía quedan interrogantes sobre las circunstancias.

Para este viernes 23 de octubre está prevista una conferencia de prensa del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, donde se brindarán detalles sobre las identificaciones realizadas.

Cincuenta años después, la historia de Mara vuelve a ocupar un lugar en la memoria colectiva de Río Negro. Su identificación representa una respuesta largamente esperada para su familia y un nuevo avance en la reconstrucción judicial de los crímenes del terrorismo de Estado.